Una crisis bancaria ha terminado por instalarse en el centro del poder político paraguayo. Lo que comenzó como un problema de solvencia en ueno bank, uno de los nombres más visibles de la nueva banca digital del país, desembocó en la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña y en un juicio político que sigue abierto. En medio de la disputa institucional hay una preocupación mucho más inmediata: cuándo podrán recuperar su dinero los clientes y qué ocurrirá con los fondos públicos depositados en la entidad.
La secuencia comenzó a acelerarse el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay comunicó el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank, decidido por su directorio el día anterior. La autoridad monetaria explicó que, tras ajustes efectuados a los estados financieros durante el proceso de regularización, el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. No se trató de una simple advertencia ni de una suspensión comercial voluntaria: el regulador activó el mecanismo previsto para gestionar una institución cuya situación patrimonial ya no cumplía las exigencias normativas.
Para los usuarios, la noticia llegó de manera abrupta. Las operaciones quedaron interrumpidas y muchas personas descubrieron que no podían acceder con normalidad a cuentas utilizadas para cobrar salarios, guardar ahorros o realizar pagos cotidianos. La entidad afirmaba tener cerca de tres millones de clientes, una cifra extraordinaria en un país de poco más de seis millones de habitantes. Ese número describe el alcance comercial de la plataforma, aunque no significa que todos sus usuarios tengan depósitos del mismo importe ni que todos deban afrontar idénticas pérdidas.
El salto de ueno desde una propuesta financiera digital hasta convertirse en un actor de gran peso en Paraguay había sido rápido. La facilidad para abrir una cuenta, los servicios desde el teléfono y la expansión de su red hicieron que la marca entrara en la vida diaria de numerosos hogares y pequeños negocios. Pero la velocidad de crecimiento, por sí sola, no demuestra la solidez de un banco. Detrás de la aplicación deben existir capital suficiente, activos correctamente valorados, controles sobre los préstamos y capacidad para responder a quienes confiaron sus recursos a la entidad.
El Banco Central ha situado la protección de los depositantes entre sus prioridades. El régimen general de garantía cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad, un equivalente aproximado de 228,3 millones de guaraníes según la comunicación oficial. Ese límite no se multiplica por el número de cuentas que tenga una misma persona en el banco. Las autoridades también anunciaron anticipos de pago y mecanismos para transferir saldos o facilitar la apertura de cuentas en otras instituciones. Son instrumentos destinados a aliviar la urgencia, pero su ejecución requiere verificar los registros de cada cliente y determinar qué parte de sus fondos está cubierta.
La diferencia entre contar con una garantía legal y disponer del dinero hoy resulta decisiva para una familia o un comerciante. Una cuenta bloqueada puede impedir el pago de un alquiler, retrasar una nómina o interrumpir compras necesarias para mantener abierto un negocio. Incluso cuando el depósito está protegido, los tiempos administrativos importan. Por eso, la credibilidad de la respuesta oficial dependerá no solo de las promesas, sino también de la rapidez y claridad de los procedimientos de devolución.
La situación adquiere otra dimensión por los recursos del Estado que se encontraban en ueno. Según la información difundida por Reuters y Associated Press, la entidad administraba alrededor de 850 millones de dólares de fondos públicos. Dentro de esa cifra se incluían aproximadamente 380 millones vinculados al Instituto de Previsión Social, responsable de prestaciones de salud y pensiones. Son estimaciones de los montos expuestos, no una cuantificación definitiva de pérdidas irrecuperables. El resultado dependerá de la revisión de activos, pasivos, garantías y eventuales recuperaciones durante la resolución.
El dato explica por qué el caso ha superado tan pronto las fronteras de la supervisión bancaria. Cuando una institución que custodia recursos destinados a jubilaciones, servicios públicos y operaciones del Estado deja de funcionar, el debate ya no se limita a sus accionistas o a sus clientes particulares. También se pregunta quién autorizó la colocación de esos fondos, con qué criterios se evaluó el riesgo y qué mecanismos debieron detectar a tiempo un deterioro tan pronunciado de la solvencia.
La Fiscalía ha abierto investigaciones y se han adoptado medidas judiciales contra directivos y personas vinculadas a la entidad. Los señalamientos incluyen posibles irregularidades en la gestión financiera y operaciones con empresas relacionadas con sus propietarios. Son hechos sujetos a investigación: la existencia de una denuncia o una orden de detención no equivale a una sentencia condenatoria. Corresponderá a las autoridades judiciales establecer las responsabilidades individuales y determinar si hubo delitos.
La conmoción alcanzó también a la propia autoridad encargada de vigilar a los bancos. Carlos Carvallo, presidente del Banco Central, presentó su renuncia el 3 de noviembre a petición de Peña, después de que se anunciara la resolución de ueno. Su salida no determina por sí misma responsabilidades, pero puso de relieve la presión institucional sobre el organismo que debe gestionar los depósitos afectados y explicar las decisiones de supervisión adoptadas antes de la intervención.
La trayectoria empresarial de Santiago Peña añadió combustible a la crisis. El mandatario tuvo una participación en el entorno empresarial del Grupo Vázquez, vinculado a ueno, y ha afirmado que vendió sus acciones en marzo de 2025. Niega haber incurrido en irregularidades. Sus críticos, sin embargo, cuestionan la relación entre el crecimiento de la entidad, la colocación de dinero público y la capacidad de actuación de los organismos supervisores. El conflicto de intereses forma parte de las acusaciones políticas y de las investigaciones; no puede darse por probado únicamente por la existencia de esos vínculos anteriores.
El 5 de noviembre, ante la presión de las protestas y la pérdida de apoyos políticos, Peña anunció que presentaba su renuncia a la Presidencia. Pero el trámite no quedó concluido. La falta de quórum impidió dar curso a esa dimisión en el Congreso y el presidente permaneció formalmente en el cargo. El Senado inició un juicio político y convocó la continuación del proceso para el viernes 6 de noviembre, cuando estaba prevista la presentación de su defensa. Es una distinción esencial: la renuncia ofrecida, su aceptación constitucional y una eventual destitución son procedimientos diferentes.
La dimensión política de la crisis también se mide en la confianza de quienes prestan dinero al país. El episodio ha añadido incertidumbre sobre la calidad de la supervisión financiera y el manejo de recursos públicos. La prensa económica informó de presión sobre el guaraní y de retrocesos en la cotización de bonos paraguayos durante las jornadas de mayor tensión. Sin embargo, una reacción de mercado de corto plazo no permite concluir, por sí sola, que el conjunto del sistema financiero haya perdido su solvencia.
El Banco Central insiste precisamente en ese punto: presenta ueno como un caso particular y sostiene que no existen motivos para extrapolar sus problemas a todas las entidades del país. La distinción es necesaria. Los bancos pueden verse expuestos a retiradas de fondos cuando se propagan rumores sin fundamento, incluso si sus balances son sólidos. Para evitarlo, las autoridades deben comunicar de manera precisa qué se sabe, qué continúa bajo investigación y cuáles son las garantías vigentes para los usuarios.
La crisis pone a prueba, además, una promesa frecuente de la banca digital: ofrecer servicios cada vez más accesibles sin perder la seguridad que se espera de una institución financiera. La tecnología puede simplificar una transferencia o reducir el tiempo de apertura de una cuenta, pero no sustituye la supervisión de los riesgos crediticios ni el respaldo del capital. En cualquier banco, la confianza se sostiene con controles que no siempre son visibles en la pantalla del teléfono.
Hay una lección especialmente relevante para América Latina. La inclusión financiera ha avanzado gracias a aplicaciones capaces de llegar a personas antes alejadas de la banca tradicional. Ese progreso es valioso y no debe confundirse con las posibles fallas de una empresa concreta. Precisamente porque más personas utilizan estos servicios para su economía cotidiana, resulta indispensable que la protección del ahorro, la transparencia contable y la vigilancia de operaciones con partes relacionadas avancen al mismo ritmo que la captación de clientes.
Paraguay afronta ahora dos tareas que no pueden resolverse por separado. La primera es devolver a los depositantes el mayor grado posible de normalidad, aclarar el destino de los fondos públicos y completar la investigación de la entidad. La segunda es establecer, con respeto al debido proceso, qué responsabilidades políticas y administrativas corresponden a quienes tomaron o supervisaron las decisiones cuestionadas. La credibilidad de una democracia y la de su sistema bancario no son lo mismo, pero en momentos como este terminan examinándose a la vez.
La pregunta que queda abierta no es únicamente cómo pudo crecer tanto ueno bank antes de llegar a esta situación. Es si las instituciones paraguayas serán capaces de reconstruir la confianza mediante información verificable, restitución de recursos y rendición de cuentas. Para un ciudadano que espera recuperar sus ahorros, esa respuesta tendrá un valor más concreto que cualquier declaración política.
Napoleon Finanzas LATAM
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