Hay facturas que no se quedan donde se originan. Un aumento del precio del combustible puede encarecer el transporte en una ciudad situada a miles de kilómetros; el coste de los fertilizantes termina por llegar al campo y, después, a la mesa. Para los gobiernos que necesitan importar energía y pagar deuda en moneda extranjera, ese traslado de costes reduce un margen de maniobra que ya era limitado.
El Banco Mundial mantiene conversaciones con entre 30 y 40 países para estudiar posibles respuestas financieras a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio. Lo explicó su presidente, Ajay Banga, en una entrevista con Reuters publicada este domingo, antes de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok. El dato revela la amplitud de las consultas, pero no equivale a la aprobación de 40 programas de ayuda ni identifica a todos los gobiernos participantes.
Cuando comenzó el conflicto, a finales de febrero, la institución puso a disposición una primera capacidad de respuesta de 25.000 millones de dólares. La demanda inicial fue reducida, señaló Banga, porque la economía internacional resistió mejor de lo previsto y el mercado petrolero se ajustó parcialmente. Ahora, el encarecimiento del diésel y de los fertilizantes, unido al riesgo de un episodio especialmente intenso de El Niño, plantea nuevas dificultades para algunos países en desarrollo.
La conversación financiera tiene distintas escalas. A los 25.000 millones iniciales podrían sumarse hasta 35.000 millones mediante la reorientación de recursos de proyectos ya aprobados. Banga indicó que varios países han mostrado más interés en adaptar esas inversiones que en recurrir inmediatamente a la asistencia de emergencia. Si las condiciones empeorasen, la capacidad potencial de respuesta de la institución podría llegar a 100.000 millones de dólares. Ninguna de esas cifras representa, por sí misma, desembolsos nuevos acordados para los países que hoy están en diálogo.
El problema va más allá de la factura energética. Según estimaciones citadas por el Banco Mundial, los países en desarrollo afrontan en 2026 obligaciones frente a acreedores externos de unos 400.000 millones de dólares; aproximadamente un tercio corresponde al pago de intereses. Cuando una parte creciente de los ingresos públicos se destina a financiar compromisos anteriores, se estrecha el espacio para sostener servicios, inversiones y medidas de apoyo a hogares y empresas.
La institución también pretende atraer más capital privado y facilitar operaciones que sustituyan deuda cara por financiación en mejores condiciones. Es una tarea especialmente compleja para los países de menores ingresos, que siguen recibiendo una fracción reducida de los flujos privados. En América Latina, como en otras regiones, el efecto concreto dependerá de la exposición de cada economía a las importaciones energéticas, del coste de su deuda y de sus reservas fiscales; no existe una situación uniforme para todos los países.
Por ahora, la novedad está en el número de conversaciones y en las opciones que se estudian, no en una nueva operación de rescate internacional. Las reuniones de Bangkok permitirán conocer si esas consultas se traducen en solicitudes formales y qué instrumentos terminan utilizándose. Mientras tanto, el precio de la energía y el acceso al crédito siguen conectando decisiones tomadas lejos de las fronteras con presupuestos muy concretos.