Buscar una residencia para una persona mayor obliga a tomar dos decisiones al mismo tiempo: dónde recibirá la atención que necesita y cómo se pagará. La cercanía de los hijos, los profesionales disponibles o una habitación individual forman parte de la elección. También una factura que puede prolongarse durante años.
El informe de precios de Inforesidencias para 2026 sitúa la tarifa media de una plaza privada en 2.153,52 euros mensuales, antes de IVA, un 1,7 % más que en 2025. La cifra procede de 1.288 residencias asociadas al portal, con 140.728 plazas: describe esa muestra, no todos los establecimientos españoles. A ese precio, doce mensualidades suman 25.842,24 euros antes de impuestos y de posibles servicios adicionales.
La ubicación cambia considerablemente la cuenta. En el mismo estudio, el País Vasco alcanza una media de 2.757,86 euros al mes, frente a los 1.749,77 de Extremadura, también sin IVA. Son más de mil euros de diferencia mensual. El tipo de habitación, el baño propio y las necesidades asistenciales influyen en el importe final. La media nacional permite dimensionar el gasto, pero una familia necesita conocer el presupuesto concreto del centro y qué prestaciones incluye.
Al otro lado de esa factura existe una actividad empresarial de miles de millones. Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, las empresas gestoras de residencias ingresaron 6.100 millones de euros en España durante 2025, un 6,9 % más que un año antes. De esos ingresos deben salir salarios, alimentación, suministros, mantenimiento y demás gastos de funcionamiento. La facturación no equivale al beneficio.
El origen del dinero muestra hasta qué punto se cruzan la iniciativa privada y la financiación pública. DBK atribuye unos 3.350 millones a la gestión de plazas privadas puras, cerca de 2.200 millones a plazas concertadas con la Administración y alrededor de 550 millones a la gestión privada de plazas en residencias públicas. Una empresa puede, por tanto, recibir ingresos de familias y de contratos públicos.
Conviene distinguir quién es dueño del centro, quién lo gestiona y quién paga la estancia. El censo del Imserso con datos de 2025, presentado en septiembre de 2026, recoge cinco combinaciones de titularidad y gestión, con entidades públicas, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro. Entre los centros residenciales para mayores que respondieron al cuestionario, el 65,8 % era de titularidad privada. Ese porcentaje se refiere a centros, no a plazas ni al origen de su financiación.
Tampoco existe una factura pública idéntica para todos los usuarios. La participación económica en los servicios de dependencia está vinculada al tipo y coste del servicio y a la capacidad económica personal. Las comunidades autónomas desarrollan los criterios correspondientes en su territorio. Comparar una tarifa privada con la aportación de una persona que ocupa una plaza financiada públicamente exige tener en cuenta esa diferencia.
El capital internacional participa en esta estructura. Sagesse identifica a su filial de inversión Sagesse Retraite Santé como accionista de referencia de DomusVi. Por su parte, el informe anual de ICG Enterprise Trust de 2026 mantiene a DomusVi entre sus inversiones. Los cuidados forman parte así de carteras financieras cuyos resultados dependen, entre otras actividades, de la evolución de estos operadores.
Otro ejemplo es Clariane, presente en España mediante marcas como Seniors Residencias, Grupo 5 e Ita Salud Mental. El grupo declaró 267 millones de euros de ingresos en el país en 2025. Esa cantidad incluye distintas actividades sanitarias y sociales; atribuirla íntegramente a residencias de mayores ofrecería una imagen equivocada del negocio.
La concentración avanza, aunque el mercado conserva numerosos operadores pequeños. Los cinco primeros grupos reunieron el 23,8 % de la facturación sectorial en 2025; los diez mayores, el 34,9 %, según DBK. Las adquisiciones y la construcción de instalaciones amplían las redes empresariales, pero esas cuotas, por sí solas, no permiten juzgar la calidad de los cuidados.
Para evaluar una residencia hacen falta datos que una cifra de ventas no ofrece: personal disponible, continuidad de los equipos, atención efectiva y servicios incluidos en el contrato. Para valorar la empresa también importan sus costes, alquileres y obligaciones financieras. Un aumento de los ingresos puede convivir con gastos crecientes; una tarifa elevada requiere examinar qué atención recibe a cambio el residente.
En una misma habitación confluyen esas dos cuentas. Una determina si el centro puede sostener su actividad. La otra, si una persona puede acceder a los cuidados que necesita sin que el gasto desborde a su familia. La financiación pública conecta ambas, y sus condiciones también forman parte del precio de envejecer.